La Unión Europea se encuentra, como tantas otras veces desde su creación en un momento crucial. Se ha cerrado la etapa de someter el ejecutivo comunitario, es decir la Comisión,
al control democrático de los ciudadanos a través del Parlamento Europeo, no solo en su actuación sino en su misma designación. Ha sido una larga batalla, comenzada en Maastricht y continuada con la dimisión de la Comisión Santer, la modificación de los Tratados en la Convención Constitucional y, por último, en Lisboa y las elecciones de este año. Los tres presidentes españoles del Parlamento Europeo nos hemos movilizado desde siempre por ese objetivo, hoy conseguido.
Ahora hay que seguir reforzando el control democrático de la acción comunitaria –lo cual debe hacerse de aquí a 2016 con la refundición de los Tratados– y dotar a esa acción de los medios necesarios. Será necesario, sin duda, movilizar medios no presupuestarios, especialmente para revitalizar la economía de la Unión. Si hemos sido capaces de encontrar setecientos mil millones para superar la crisis, ¿cómo no vamos a encontrar otro tanto para salir de ella? Pero, ante todo, es necesario facilitar a la Unión los recursos necesarios para realizar las funciones que ya tiene encomendadas. Sus órganos han de contar con plena autonomía financiera, estar sometidos desde luego al control de los ciudadanos y sus representantes, pero no depender de la mayor o menor racanería de los estados miembros.