El proceso de globalización económica ha cambiado el mundo en que vivimos. Debido a las consecuencias de este proceso de economía global, se nos presentan retos cada vez más complejos relativos a la protección de los derechos humanos. Por ello, en la actividad diaria de empresas y directivos el respeto a los derechos humanos ha de ser entendido como obligación de justicia social y no como simple opción voluntaria.