Ana María Gil, Académica de Número, Bibliotecaria de la Junta de Gobierno y Directora del Observatorio de Investigación de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (RACEF), defendió el principio de subsidiariedad en la última sesión del Ciclo Interacadémico que organiza el Instituto de España, celebrado el pasado miércoles, 15 de abril, bajo el título genérico "La vertebración de España".

La experta presentó la ponencia "Economía Española: coordinar la diversidad", en la que destacó importancia de analizar la Constitución no sólo desde su dimensión jurídica, sino también desde su impacto en la sostenibilidad institucional, la eficiencia del sistema económico y la confianza social, elementos esenciales para el desarrollo sostenible del país. En este sentido, destacó el valor estabilizador y de confianza que la democracia constitucional ha dado a la economía española, permitiendo su crecimiento sostenido y el bienestar social.

En cuando al principio de subsidiariedad, la Catedrática consideró que se trata de una herramienta esencial para vertebrar España en un contexto de diversidad geográfica, lingüística y cultural, argumentando que las decisiones deben tomarse en el nivel más cercano al ciudadano (ayuntamientos o comunidades autónomas) siempre que sea posible y eficiente, y reservando el ámbito superior solo cuando sea estrictamente necesario. Asimismo, criticó que las inversiones públicas a menudo responden a intereses de élites o partidistas en lugar de a las demandas mayoritarias en movilidad, sanidad o educación.

Por otra parte, la Académica reclamó eliminar barreras regulatorias entre regiones que fragmenten el mercado interior, al tiempo que defendió una solidaridad real entre territorios, y propuso que los ciudadanos españoles que trasladen su residencia a regiones o países con menor presión fiscal no puedan seguir accediendo libremente a servicios públicos financiados por los contribuyentes del régimen general para evitar un uso injusto de recursos.