La segunda mayor economía del planeta sufrió una bajada de tensión en el segundo trimestre del año. Acostumbrando al mundo a las lecturas interanuales del 5% de crecimiento del producto interior bruto en China trimestre a trimestre, la toma de pulso del segundo cuarto deja un sabor amargo y constata las debilidades subyacentes del gigante asiático. El PIB chino registró un avance del 4,3% interanual entre abril y junio, el peor dato desde 2022 (entonces por el golpe de los rebrotes del covid). El guarismo queda por debajo de la previsión de los analistas del mercado de un 4,5% y del límite inferior del rango objetivo oficial de Pekín para todo el año, que oscila entre el 4,5% y el 5%. La mayor caída de la inversión y la invariablemente débil demanda interna lastraron el impulso general. Los economistas barruntan ahora que las autoridades muestren algo más de contundencia a la hora de estimular a una economía cuyo único punto brillante y del que se ha hecho tremendamente dependiente es de una voracidad exportadora que tapa otras carencias internas.
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El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el 3,2% en junio, manteniendo el mismo nivel de avance que en abril y mayo. El dato, adelantado a cierre de mes y confirmado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), indica que la presión de la guerra de Irán sobre los carburantes empieza a remitir mientras electricidad y gas contribuyeron al alza de los precios en el sexto mes del año una vez terminada la rebaja fiscal que aplicó el Gobierno sobre estos productos hasta junio en el marco de su primer plan antichoque para contener el impacto del conflicto bélico. La inflación subyacente, por su parte, se modera una décima y desciende hasta el 2,9%, apoyada por la moderación de algunos servicios turísticos.
El consejero de Economía y de Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha pedido esta tarde al Gobierno de Pedro Sánchez que retire su propuesta para un nuevo modelo de financiación autonómica y reinicie el proceso "desde cero", contando con la participación de todas las comunidades autónomas y no exclusivamente los intereses de Ezquerra Republicana que derive en "ciudadanos de primera y segunda categoría".
El Gobierno sometió ayer a votación la senda de estabilidad, texto en el que se recogen los objetivos de déficit, deuda y gasto público y que ejerce como paso previo a los Presupuestos Generales del Estado con la certeza de que iba a ser rechazado. El Ejecutivo volverá a someterla a votación este mismo mes y si vuelve a ser rechazada pedirá a las comunidades autónomas que lleven su déficit a cero, un cambio que implicaría un ajuste de 1.870 millones en los recursos de estos territorios, según las estimaciones que maneja el Ministerio de Hacienda.
El Ministerio de Hacienda trata de sacar adelante un modelo de financiación autonómica que a día de hoy solo convence a Cataluña, a pesar de que las concesiones recogidas en el borrador remitido a las comunidades autónomas no van tan lejos como se había pactado. El texto, consultado por elEconomista.es, detalla los parámetros seguidos por el departamento de Arcadi España con el fin de construir un sistema que beneficie a este territorio, si bien, no incluye ninguna mención a la cesión de competencias sobre el IRPF ni a la Agencia Tributaria catalana.
