La presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA), Maite Antón, aprovechó el V Encuentro Provincial de Empresa Familiar para anunciar que instará a la Generalitat Valenciana a crear una ley de empresa familiar que reconozca el carácter específico de este tjido empresarial y sus propias peculiaridades.
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La escalada inflacionaria continúa en EEUU a medida que la crisis energética derivada de la guerra en Irán calienta cada vez más los precios. El índice de precios al consumo (IPC) escaló en mayo hasta el 4,2% interanual, según los datos publicados este miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo. Aunque el dato se ha ceñido a lo esperado, es un salto considerable desde el 3,8% de abril y se vuelve a rebasar el 4% (el doble del objetivo de la Reserva Federal) por primera vez desde mayo de 2023. A su vez, el IPC subyacente (excluye energía y alimentos) ha pasado del 2,8% interanual al 2,9%, también en línea con lo esperado. Aunque los operadores de Wall Street se han aferrado inicialmente al 0,2% intermensual en el IPC subyacente (se esperaba un 0,3%), el informe de la BLS remarca de nuevo lo evidente: la Fed no puede pensar ni de lejos en bajadas de los tipos de interés. Pese al ínfimo respiro que supone el referido 0,2%, los operadores siguen apostando por una subida de tipos en diciembre.
La secretaria general de la Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Inmaculada Núñez, ha dado cuenta en la Asamblea de Extremadura de las principales novedades de los Presupuestos para el año 2026 que incluirá el incremento de las retribuciones de los empleados públicos, nuevas medidas fiscales centradas en continuar con una política fiscal justa e igualitaria y, además, un sistema integral tributario.
El Supremo ha emitido en las últimas semanas hasta tres sentencias en las que rechaza los recursos impulsados por CEOE, Cepyme y CNC -la organización de la construcción integrada en esta patronal- contra un real decreto aprobado por el Ministerio de Industria y Turismo a mediados de 2024, el cual propiciaba la entrada de las organizaciones empresariales Conpymes (nacional) y Pimec (catalana) en el Consejo Estatal de la Pyme y en el Observatorio Estatal de la Morosidad, dos órganos en los que está representado el diálogo social y que dependen del departamento de Jordi Hereu.
Los trabajadores que se acercan a la edad de jubilación son los que están más preocupados por su futura pensión, por lo que cualquier cese en el trabajo resulta dramático ante la posibilidad de ver reducida su prestación y la pérdida de ingresos en el corto plazo.
En un contexto marcado por la transición energética, la transformación digital, la incertidumbre geopolítica y una competencia global cada vez más intensa, las ventajas competitivas no se heredan: se generan, se actualizan, se prueban, se financian, se escalan y se conectan con la industria real. "El futuro industrial de Bizkaia no dependerá únicamente de lo que ya tenemos. Dependerá, sobre todo, de lo que seamos capaces de construir a partir de todo lo que tenemos, que no es poco", destacó Ainara Basurko, diputada Foral de Promoción Económica de Bizkaia durante el IX Foro País Vasco, organizado por elEconomista.es. Y puntualizó que "nuestro papel no es sustituir a las empresas. Nuestro papel es crear las condiciones para que puedan invertir, innovar, crecer y competir mejor".
En España la normativa vigente prevé que los trabajadores en paro puedan cobrar la prestación por desempleo durante un máximo de dos años si acumulan, al menos, 2.160 días cotizados (equivalente a unos seis años). Sin embargo, a la hora de solicitarlo pueden surgir ciertas dudas con respecto a los requisitos que exige el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para concederlo.
La Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (CIEM) y la Sociedad de Garantía Recíproca de Extremadura, Extraval, han mantenido una reunión de trabajo para analizar nuevas vías de colaboración que permitan acercar a las empresas y personas trabajadoras autónomas extremeñas los instrumentos de financiación y avales que ofrece la Sociedad.
El centro logístico agroalimentario de Valladolid supondrá una inversión de 273 millones de euros para la urbanización de las 956 hectáreas de suelo productivo hasta 2050 con el objetivo de generar más de 29.600 empleos, entre puestos vinculados a la construcción y empleo estable asociado a las nuevas actividades empresariales.
Pocos países han sabido gestionar con prudencia y juicio un incremento drástico de los ingresos. Es habitual poner de ejemplo a las economías emergentes que han encontrado petróleo o gas y que han usado buena parte de esos ingresos para 'comprar' votos con subsidios, construir lujo donde no hay para comer o crear grandes tramas de corrupción. A un nivel inferior, también se podría poner de ejemplo a España y sus ayuntamientos durante la burbuja inmobiliaria, donde despilfarraron unos ingresos extraordinarios que creyeron que nunca terminarían. Entre decenas de casos de mala gestión hay un país que destaca por su prudencia y no es otro que Noruega, cuyo fondo soberano (el más grande del mundo) permitirá que los noruegos vivan muy bien durante muchas generaciones. Muchos creerán que la clave del éxito noruego es que ya era un país relativamente rico y avanzado cuando llegó el petróleo, pero, sin embargo, hay otro ejemplo en Europa que demuestra que ser una economía avanzada no es sinónimo de buena gestión de estos ingresos caídos del cielo. Al menos este es el riesgo que se percibe en Irlanda.
La principal función de la Administración tributaria es recaudar impuestos con los que financiar servicios públicos. Por eso, Hacienda se encarga de perseguir las deudas de los contribuyentes y saldar esas cantidades pendientes para regularizar su situación fiscal. Pero tiene un plazo para hacerlo.
El País Vasco afronta una nueva etapa industrial marcada por la reindustrialización europea, la transición energética y la competencia global. Con una industria que sigue siendo uno de los principales motores de riqueza, empleo y bienestar, Euskadi busca reforzar su posición como destino para nuevas inversiones tecnológicas e industriales. "Las estadísticas nos dicen que en los últimos cincuenta años apenas hemos tenido inversiones de este tipo. Hubo algún caso, como Ericsson, que llegó y después se marchó. Y la principal razón fue el terrorismo de ETA, que durante décadas nos sacó del mapa de las grandes decisiones empresariales internacionales. Ahora queremos volver a ese mapa. Sabemos que llevará tiempo, porque estamos construyendo un músculo que no hemos ejercitado durante años, pero creemos que Euskadi tiene cuatro grandes fortalezas", aseveró Mikel Jauregi Letemendia, consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco durante el IX Foro País Vasco, organizado por elEconomista.es.
Alumni fue la primera asociación Alumni creada en España, hace ya 104 años. Hoy ya son 6.500 asociados con más de 2.500 empresas repartidas por 110 países. "Una trayectoria larga, siempre muy vinculada al tejido industrial, tan decisivo para Euskadi", decretó Antón Azlor, presidente de Deusto Business Alumni durante el IX Foro País Vasco, organizado por elEconomista.es. Y añadió que "durante décadas hemos puesto en valor lo que fuimos y lo que somos. Sin embargo, creo que la mayoría de quienes dirigimos organizaciones públicas y privadas estamos hoy mucho más centrados en una pregunta: ¿Cómo queremos ser en el futuro?".
La extensión del conflicto en Oriente Medio iniciado en el mes de febrero está llevando a los principales centros de estudios económicos a recalcular sus previsiones a corto y medio plazo, para incorporar los efectos aún inciertos de la guerra iniciada en Irán. BBVA Research, según se refleja en su último informe sobre la Situación de España, mantiene su previsión de crecimiento para 2026 en el 2,4% y traslada el grueso del impacto a 2027, año para el que corrige su previsión en tres décimas a la baja (2,1%).
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado este miércoles en el Congreso que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros el cuadro macroeconómico que acompañará a los Presupuestos Generales del Estado de 2027 el martes 23 de junio.
Aunque no se disponga de cobertura jurídica ni se haya marcado una fecha en el calendario, el Govern sigue trabajando para que el traspaso del IRPF a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) sea una realidad. Así queda reflejado en el reciente contrato programa suscrito entre la Hacienda catalana y la Generalitat de Cataluña para el periodo 2026-2029. El documento, al que ha accedido elEconomista.es, ofrece un prolijo itinerario de adopción de las facultades necesarias para recaudar uno de los impuestos más importantes del Estado. El escrito está en línea con el plan director de la agencia autonómica elaborado de forma externa por Minsait, filial de Indra, aunque entra más en detalle.
La Guardia Civil ha detectado conversaciones que podrían inculpar al expresidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, por el presunto pago de comisiones para acelerar el rescate de la compañía en 2021 por parte de la SEPI. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descargado un archivo que demostraría que Irazusta se puso en contacto con la fontanera del PSOE, Leire Díez, para hablar sobre el estado en la concesión de la ayuda por parte del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
La pensión de viudedad es la segunda más abonada de todo el sistema de prestaciones contributivas, solo por debajo de la de jubilación. El número de beneficiarios supera con creces los dos millones y en todos los casos tanto esos beneficiarios como las personas que fallecieron generando el derecho a la pensión han de cumplir determinados requisitos.
El candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha tendido la mano en su discurso de investidura para alcanzar un acuerdo unánime en materia de financiación autonómica, un asunto para el que ha exigido "claridad, firmeza y, sobre todo, unidad".
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha exigido al Ministerio de Hacienda un salario mínimo de 1.500 euros mensuales para todos los trabajadores de la Administración General del Estado y sueldos dignos para toda la plantilla.
