Brasil celebra este domingo una megajornada electoral con comicios presidenciales, legislativas y regionales, marcada por la honda polarización que suscitan los dos grandes candidatos al Palacio de Planalto, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente bajo arresto domiciliario Jair Bolsonaro, quienes representan dos modelos políticos diametralmente opuestos.
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Noticias de economia por elEconomista
La legislatura que comenzó en 2023 pasará a la historia por una gran inestabilidad parlamentaria que ha dado lugar a la mayor producción de reales decretos-leyes de la democracia. Pero ni gobernando así, el Gobierno ha podido sacar adelante sus grandes proyectos, como se puso de manifiesto ayer a propósito de la vivienda.
Las reacciones al rechazo de los dos decretos sobre vivienda fueron numerosas por parte de la mayoría de las formaciones políticas. Por parte del Gobierno, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana Isabel Rodríguez se mostró muy decepcionada tras la derrota de sus iniciativas, aprobadas el pasado martes por el Consejo de Ministros. Ante esta situación, aseguró que "es el momento de que la gente vea y reflexione". En redes sociales, Rodríguez aseguró que "la historia juzgará" a PP, Vox, Junts y UPN por su voto en contra, aludiendo al mensaje que transmitió el presidente Pedro Sánchez. Asimismo, la ministra reconoció que no habían tenido tiempo de pensar cuáles serán los siguientes pasos que llevará a cabo el Ejecutivo.
La decisión de que Pedro Sánchez inaugure este año el Congreso Nacional del Instituto de la Empresa Familiar (IEF) y el hecho de que no acuda el rey Felipe VI ha generado un fuerte malestar interno en el seno de la organización frente a la gestión de su director general, José Luis Blanco.
La precipitación de acontecimientos que, según todos los indicios, desembocará en un adelanto electoral el mes próximo, ha nacido de una causa de índole económico-social, como es la ya crónica crisis de vivienda, ahora resumida para todos los partidos de la izquierda en el desahucio de Maricarmen Abascal.
La nueva ley de cámaras de comercio (al fin) saldrá adelante en el Parlament. El próximo miércoles, el pleno de la Cámara autonómica aprobará la norma, previsiblemente a las once de la mañana. Según fuentes consultadas por elEconomista.es, se espera que la votación recabe un amplio apoyo de los grupos políticos. Se cuenta como mínimo con el 'sí' de PSC, ERC, Junts y PP, lo que dará una mayoría más que suficiente para aprobar una proposición legal que lleva pendiente desde hace más de una década.
España puso en marcha en el mes de abril un proceso de regularización extraordinaria para dar permiso de residencia y trabajo a cientos de miles de inmigrantes que llevaban meses o años en el país. El propósito del Gobierno era aflorar a estos trabajadores de la economía sumergida, impulsando la creación de empleo. Los datos publicados este viernes confirman que este proceso se está dando, pero de forma desigual por el territorio y muy concentrada en Cataluña y la Comunidad de Madrid.
El año 2026 muestra en España, desde el punto de vista político, cada vez más semejanzas con 2011. Ahora, como quince años atrás, un Gobierno socialista agoniza tras dos legislaturas en medio de protestas callejeras (el 15-M en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero; las movilizaciones por el caso Maricarmen, en lo que respecta a Pedro Sánchez). Es más, hoy sobrevuela un adelanto electoral como el que tuvo lugar en 2011 y que, una vez más, fijaría el día de las elecciones generales en un mes de noviembre (el 20-N en lo concerniente a Zapatero; previsiblemente el día 29 para Sánchez tras deliberar este fin de semana, como adelantó elEconomista.es en la mañana de ayer).
Según el libro blanco sobre el absentismo laboral elaborado por Foment de Treball, presentado esta semana por la patronal con el ánimo de radiografiar esta problemática, el 10% de los trabajadores acumulan cerca del 60% (concretamente, el 57,99%) de los procesos de incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes iniciados en Cataluña en 2025. El año pasado, se contabilizaron 2,3 millones de expedientes por IT en la comunidad, frente a los 1,1 millones de 2019 [ver infografía].
El Gobierno argentino ha anunciado este viernes un "Programa de ciudadanía por inversión", más conocido como "pasaporte dorado", la última iniciativa del presidente Javier Milei para atraer inversión extranjera, en este caso 'vendiendo' la ciudadanía del país a inversores con unos cuantos cientos de miles de dólares en el bolsillo. El nuevo programa, el primero de este tipo en Sudamérica, entrará en vigor en el cuarto trimestre, convirtiendo a Argentina en el país más grande del mundo en adoptar una iniciativa de este tipo.
Los dos decretos de vivienda que el Gobierno llevó al Consejo de Ministros han tenido solo unos días de vigencia después de ser rechazados por el Congreso con los votos en contra de PP, Vox, Junts y PNV (en este caso, solo afecta al primero) que han llevado a la legislatura a un punto crítico que podría acabar con la convocatoria anticipada de elecciones generales a final de año.
Milei pone a la venta la ciudadanía argentina: se podrá obtener con una inversión de 350.000 dólares
Argentina quiere convertir la ciudadanía en una nueva vía para atraer inversión y capital extranjero. El Gobierno de Javier Milei ha presentado este viernes en París su Programa de Ciudadanía por Inversión, un mecanismo que permitirá a extranjeros solicitar la nacionalidad argentina tras realizar una aportación económica. La vía de entrada partirá de 350.000 dólares, aunque habrá una segunda alternativa mediante la compra de un título público por 800.000 dólares. El programa comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.
Se abre un horizonte de enormes posibilidades de desarrollo de una comunidad no solo fortalecida por lograr indicadores positivos en empleo, producción industrial o exportaciones, sino que cada vez confía más en sí misma.
Aferradas al motor de la automoción, la agroalimentación, la ganadería o la industria farmacéutica como principales locomotoras, las nueve provincias reman para lograr un mayor equilibrio territorial.
Hace veinte años, los fondos europeos proporcionaron a Castilla y León una oportunidad histórica. Aquellos recursos modernizaron infraestructuras, reforzaron servicios y ayudaron a cohesionar nuestro territorio con España y Europa. La Comunidad consolidó sus competencias y creó instrumentos propios. Ese avance merece ser reconocido. Pero el mejor homenaje a lo conseguido consiste en preguntarnos qué Castilla y León queremos construir para las próximas décadas.
Dos décadas dan para atravesar crisis económicas, una pandemia, guerras y profundas transformaciones tecnológicas que han cambiado nuestra forma de trabajar y de vivir. El mundo del trabajo se adapta, a veces con rapidez y otras con demasiada lentitud, pero siempre son las personas trabajadoras quienes sostienen esos cambios.
En estas dos décadas, Castilla y León ha avanzado apoyándose en una fortaleza esencial: la industria. La Comunidad ha modernizado sus fábricas, se ha abierto al mundo y ha consolidado un tejido de empresas, centros tecnológicos, proveedores, ingenierías, universidades y centros de formación. Una cadena de valor decisiva para la automoción y nuestro progreso.
A vueltas con los centros de datos. Además de la polémica por el proyecto de Real Decreto para regular los data centers en cuanto a requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y soberanía digital, ahora se suma un nuevo frente: el pago de los impuestos.
Hace poco más de 10 años, El Salvador era uno de los países más inseguros del mundo. Como consecuencia, además de todo el daño humano que generaba esta situación, la economía se encontraba estancada. Un país relativamente pobre que crecía muy despacio. Entonces, nadie habría apostado a que precisamente la seguridad podría convertirse en uno de los activos económicos más importantes de El Salvador. En 2025, los homicidios en El Salvador cayeron hasta los 1,3 por 100.000 habitantes, frente a los más de 100 de 2015. Un descenso inédito a nivel mundial del que el presidente del país, Nayib Bukele, no duda en presumir cada vez que puede. La rápida mejora de la seguridad ha tardado, pero parece que ya se ha empezado a trasladar a la economía. El último espaldarazo llega del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha elevado con fuerza su previsión de crecimiento para el país, desde el 3,3% hasta el 4,5% para este año (ya tuvo que revisarla muy al alza en 2025) y destaca en dos ocasiones la mejora de la seguridad como uno de los factores que están catapultando el crecimiento.
Tras la derrota de Viktor Orbán en las elecciones de Hungría el pasado 2026, muchos pensarían que la figura del expresidente pasaría al anonimato, pero la nueva administración de Péter Magyar lleva varios meses tratando de llevar ante la justicia a los implicados en las supuestas grandes tramas de corrupción que afectaron al anterior ejecutivo.
