El Economista
Con la subida que se aprueba estos días para 2026, el salario mínimo interprofesional en España acumula un incremento del 66% desde 2018, pasando de los 736 euros mensuales a los 1.221. Este repunte ha hecho correr ríos de tinta por su potencial impacto en el empleo: un incremento de los costes laborales para las empresas reduce la contratación. Sin embargo, esto no ha ocurrido: pese a que el paro sigue relativamente elevado, el número de ocupados está en máximos históricos y muchas empresas hablan de dificultades para contratar. Pero ahora se plantea una inquietante posibilidad: que las empresas utilicen robots e inteligencia artificial para sustituir a los trabajadores humanos en puestos de baja cualificación. Algo a lo que apunta un reciente estudio realizado en Estados Unidos.
La jubilación es el momento esperado por muchos trabajadores que, tras toda una vida laboral, desean retirarse de forma definitiva y convertirse en pensionistas. Una decisión que debe realizarse de forma correcta y conforme a la ley porque, de lo contrario, los empleados pueden perder dinero por el camino.
Las pequeñas y medianas empresas pagan una media de 1.500 euros al año en impuestos y tasas municipales, entre los que se incluyen el IBI del local que en ciudades como Madrid el tipo es del 0,98%, en Barcelona al 0,66% y en Valencia al 0,58%, la tasa de recogida de residuos comerciales en Madrid se paga una media de 310 euros al año y y en Valencia 243 euros anuales, licencias municipales en Madrid el precio varía entre los 800 y 3.000 euros, en Barcelona está en torno a los 1.300 euros, y en Valencia se paga de media unos 1.260 euros y vados o tasas de ocupación pública que el precio anual ronda en torno a los 50 o 70 euros, . Todo ello, mientras hacen frente a otros tipos impositivos a nivel regional o nacional.
El Tribunal Supremo ha vuelto a anular el último cálculo que el Gobierno hizo del rescate de una de las autopistas que quebraron en la crisis financiera de 2008 y le urge a volver a calcularlo de nuevo para pagar cuanto antes a las concesionarias por su construcción.
Han saltado las alarmas en Estados Unidos. La posibilidad de enfrentarse a registrar su primer declive demográfico es real y se ha adelantado nada más y nada menos que 55 años. Las previsiones del país proyectaban este suceso para el año 2081 pero podría ocurrir este mismo 2026 y todo a consecuencias de las políticas migratoria de Donald Trump que ha reducido la inmigración y ha reducido su ventaja estructural para atraer nuevos residentes y expandir su población.
La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, se ha declarado convencida de que Rusia se encuentra en su momento más débil desde el comienzo de la guerra de Ucrania y recomendado el endurecimiento de las condiciones a Moscú durante las negociaciones de paz: limitación del tamaño del Ejército, indemnizaciones por daños materiales, prohibición de cualquier tipo de amnistía por crímenes de guerrra y devolución inmediata de los niños ucranianos en territorio ruso.
Uno de cada cinco diputados declara en el Congreso obtener ingresos por el alquiler de sus viviendas, locales o fincas rústicas, siendo los del PP los más numerosos, aunque Junts y el PNV son los que cuentan con mayor porcentaje de arrendadores en sus filas.
Miles de familiares de presos políticos en Venezuela viven con incertidumbre mientras se debate en la Asamblea Nacional una ley de amnistía que, según sectores del oficialismo, abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999, pero que activistas y ONG ven con preocupación ante un texto que, por el momento, excluye a decenas de reos y obliga a los beneficiarios a reconocer hechos que niegan haber cometido.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha aprobado la creación de un programa, bautizado como 'Gas del Pueblo', para asegurar la recarga sin coste de bombonas de 13 kilogramos a los hogares más vulnerables inscritos en el Registro Único de Programas Sociales del Gobierno Federal (CadÚnico), con la previsión de que la medida beneficie a unos 50 millones de personas.







