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La industria de la alimentación en España está subiendo sus precios tres veces menos que hace un año. En concreto, en octubre de este año se incrementaron un 7% en tasa interanual, mientras que en 2022 lo hicieron un 21,2%. Es decir, los precios a los que los fabricantes del sector agroalimentario venden a la distribución siguen subiendo, pero lo hacen en menor medida, por ejemplo, que la inflación de los alimentos, que en noviembre se situó en el 9,5% frente al 3,2% del IPC general. En consecuencia, la industria de los alimentos y bebidas no alcohólicas está incrementando los precios 2,5 puntos menos que el IPC alimentario.
La subida salarial media pactada en los convenios firmados hasta noviembre alcanzó el 3,49% y vuelve despué sde dos meses vuelve a superar a la inflación, que en ese mes situó en el 3,2%. Aunque para el 44,8% de los trabajadores afectados por estos acuerdos el incremento medio fue muy superior y alcanzó el 4,91%.
Aunque las economías de la zona euro hace ya años están enfocadas a los servicios, el progresivo deterioro del sector industrial tras la pandemia telegrafía un inaplazable deterioro económico. Los negativos datos de producción industrial en octubre de las principales economías de la región, especialmente en Alemania, el bastión industrial del bloque, aceleran las probabilidades de que el Producto Interior Bruto (PIB) de la eurozona se contraiga también en el cuarto trimestre del año (hoy Eurostat ha confirmado el -0,1% del tercer trimestre) y firme dos seguidos de caída, lo que constataría el escenario de recesión técnica, una realidad que se ha evitado en los últimos trimestres gracias a revisiones posteriores del dato que, en todo caso, han dejado al área euro en un claro estancamiento.
Si algo ha puesto o de manifiesto la polémica sobre la reforma de los subsidios por desempleo es la confusión que aún existe sobre el denominado Sistema Nacional de Empleo (SNE), que componen el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) y los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. Algo que los altos cargos del Ministerio de Economía y el de Trabajo no han dudado en aprovechar en un choque entre 'economistas' y 'laboralistas' que esconde el hecho de que, en la práctica, la capacidad del Ejecutivo central para encontrar empleo a los parados es prácticamente nula y su principal herramienta pasa por endurecer el cobro de las prestaciones.
